La situación de rezago y discriminación generalizada que enfrentan las mujeres, quienes son un poco más de la mitad de la población en México y en muchas otras latitudes, la inequidad ancestral y la representación social que de ellas se tiene, ha requerido una visión diferente de la acción gubernamental para poder construir una sociedad verdaderamente democrática y socialmente justa. De ahí que la perspectiva de género haya irrumpido no solo como parte de los derechos humanos fundamentales, sino incluso en la elaboración de políticas y decisiones públicas en general, y en la asignación de los recursos financieros de gasto público.

Las finanzas públicas con perspectiva de género son ya un compromiso del gobierno mexicano. Esta perspectiva lleva a considerar equívoca y a poner en duda la concepción de la neutralidad del impacto de las políticas públicas, en especial el de la política fiscal (política de gasto, política tributaria y de otros ingresos gubernamentales o fuentes de financiamiento) y sus instrumentos, y hace visible su efectividad y su contribución con la equidad, ya que implica identificar las necesidades e intereses que en función del género tienen, de manera diferenciada, hombres y mujeres, y los impactos, diferenciados también, que entre géneros tiene el presupuesto público, tanto de ingresos como de egresos, reconociendo las desigualdades socialmente construidas entre estos, las cuales afectan básicamente a las mujeres. Por ello, las finanzas públicas con perspectiva de género deben incorporar estas diferencias en el diseño de las políticas, programas, acciones y presupuestos, para superar las inequidades y garantizar la igualdad entre las y los mexicanos, aunque no hay un marco teórico completo ni una metodología plenamente definida para ello, como aquí se plantea.

En el presente trabajo se da cuenta de los esfuerzos que en este sentido han hecho otros gobiernos y algunos organismos internacionales, así como los realizados por el gobierno mexicano, de los pendientes y faltantes, y del compromiso de avanzar en la construcción de la democracia impulsando la perspectiva de género en las finanzas públicas.